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Otra queja de las comunidades es acerca del uso de los sitios arqueológicos y paleontológicos, muchos de los cuales están ubicados en las tierras que estas comunidades históricamente han reclamado como propias, aunque no tengan títulos de propiedad que lo demuestren legalmente. Hoy, esas tierras tienen el estatuto de "área protegida", que le otorga cada gobierno provincial y teóricamen sólo tienen acceso a los sitios los investigadores autorizados por cada estado provincial. La posición indígena, no obstante, encuentra algún eco favorable pero también varias reservas: "Las comunidades —dice Gollán— tendrían que tener un lugar adecuado en el que puedan conservar y mostrar las piezas; no hay que olvidar que son patrimonio de todos, no sólo de ellos". Castilla aporta otro punto de vista: "Las comunidades —dice— pueden aportar cierta información simbólica, y no científica, a los materiales, por eso me parece que hay que incentivar su participación en los museos que tienen vestigios de culturas vivas. Pero para eso las propias comunidades tienen que crear y afianzar sus propias instituciones y luego proponer iniciativas".
Rolandi también apunta a aclarar las dudas en cuanto a las interpretaciones que de la ley hacen algunas comunidades indígenas. "Si bien la Ley no las menciona, tampoco dice que las comunidades no puedan participar de proyectos de investigación, o supervisar la explotación científica de los yacimientos. La Ley es respetuosa de las leyes de las provincias, y a su vez plantea que las provincias tienen que adaptar sus leyes a la Ley Nacional (porque se trata de una Ley Federal). Todo investigador que pretenda realizar un trabajo tiene que presentar el proyecto y sus antecedentes personales a las autoridades provinciales, que son las que, con nuestro aval, la conceden."
Activo defensor de lo que, considera, son los derechos de su pueblo, el descendiente de los indios pampas Pincén sostiene que "ésta es una ley que nos declara pueblos muertos, ya que no nos considera ni nos menciona en ningún momento. Nos quita la posibilidad de exigir en igualdad de condiciones ante el Estado la restitución de nuestras pertenencias o mejor dicho del botín de guerra". "Todo está en manos del Estado, que presta piezas arqueológicas a Benetton para que mejore su propio museo —agrega—, que utiliza comercialmente los ponchos de nuestros antepasados, como Calfulcurá, para que los turistas se saquen fotos con ellos, que permite la contaminación de nuestro ambiente y regala nuestros recursos naturales. Este Estado es el que va a cuidar nuestro patrimonio cultural. No sabemos cómo. ¿Cómo va a manejar el Instituto Nacional de Antropología (INA) a los gobiernos feudales y retrógrados que imponen su voluntad hoy en día en varias provincias del país? Gobiernos más propensos a ganar dinero y a congraciarse con el poder extranjero que a defender el patrimonio del pueblo. ¿Qué va a pasar cuando falten recursos para sostener la implementación de la ley? ¿Quién controlará al estado cuando no cumpla con sus deberes? La ley no dice absolutamente nada al respecto."
nota extraída de Diario Clarín www.clarin.com
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