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Escrito por Ezequiel Sánchez   
jueves, 13 de noviembre de 2008

La ley 25.743 puso a la luz una disputa manifiesta por los derechos sobre la memoria de los pobladores originales que está inscripta en los objetos arqueológicos y paleontológicos, y esa disputa va más allá del interés por querer saber o conocer. Hay sectores que reclaman para sí la propiedad de los bienes; pero ¿los coleccionistas, tienen derecho a hacer lo que quieran con las piezas por las que pagaron pero que constituyen la memoria de una nación? Las comunidades indígenas reivindican su derecho a la propiedad y a la decisión sobre el destino de piezas que tal vez hayan sido forjadas por sus ancestros. Pero, ¿están en condiciones de asegurar el cuidado y la protección de esas piezas para el uso educativo, cultural y científico que el resto de los ciudadanos de este país quiera darles?.

Por último, desde la perspectiva estatal, las cosas no están muy claras: las quejas acerca de que el patrimonio cultural de los argentinos se pierde en una especie de agujero negro cuando ingresan a la órbita estatal parecen tener su asidero: libros que desaparecen del tesoro de la Biblioteca Nacional, obras de arte que se pierden el Museo Nacional de Bellas Artes y piezas que se esfuman de los espacios de todo el país suelen ser noticia demasiado a menudo. ¿Entonces?

"Creo que el Estado debe proteger los sitios arqueológicos por su valor documental —sostiene Silvia Fajre, Subsecretaria de de Patrimonio Cultural del gobierno porteño—. Estos sitios y los objetos que se encuentran en ellos proveen de información siempre novedosa para releer la historia de modo que es deber del Estado, y de la comunidad que le da la legitimidad social de la representación, crear políticas eficaces de resguardo para no distorsionar ni vaciar el mensaje que portan estos objetos". Fajre advierte, sin embargo, sobre las dificultades de una tarea semejante y trae una nueva pregunta a la discusión: ¿a qué llamamos, en cada caso, patrimonio? La respuesta a ese interrogante, dice Fajre, no puede sino provenir de una comunidad que le da sentido identitario a cada documento, a cada objeto, a cada pieza arqueológica, a cada uso o costumbre. Por lo tanto, es preciso que las cuestiones de patrimonio formen parte de la agenda y la discusión pública. Sobre todo en América latina, subraya, a su vez, Héctor Feliciano. Porque si bien el cuidado del patrimonio es materia compleja y de debate permanente en todo el mundo —el reclamo que han hecho aun a nivel diplomático países como Grecia y Turquía a los museos europeos y norteamericanos por la restitución de sus piezas patrimoniales es prueba de ello—, en nuestros países la definición sobre los alcances del patrimonio está pendiente. "Integrar en diálogos a coleccionistas, pueblos originarios, Estado y opinión pública —dice Feliciano— es la única vía para llegar a esa definición. Cada uno de ellos tiene algo que decir en este debate."

nota extraída de Diario Clarín www.clarin.com

 
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