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Escrito por Ezequiel Sánchez   
jueves, 13 de noviembre de 2008

El patrimonio arqueológico y paleontológico argentino plantea un debate árido. La ley dice que debe ser propiedad del Estado, pero los coleccionistas y las comunidades indígenas se oponen. Aquí, las razones en juego.


EZEQUIEL SANCHEZ.


El destino del patrimonio arqueológico argentino es hoy motivo de una áspera polémica que si bien se dirime en discusiones acerca de intereses comerciales y legitimidades políticas en pugna, podría resumirse en la siguiente pregunta. ¿En manos de quién deben estar los testimonios que guarda esta tierra de la cultura prehispánica? O también: ¿quién protege los vestigios más antiguos de nuestra memoria colectiva?

La ley 25.743, de Protección al Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que entró en vigencia en octubre de 2003, regula el dominio sobre esos bienes, prescribe la creación de un registro oficial de yacimientos, colecciones y objetos, y además ordena a los coleccionistas a declarar al Estado cada una de las piezas que hayan adquirido antes de octubre de 2003. La norma establece, por otra parte, que los tenedores de piezas arqueológicas no podrán venderlas sin ofrecerlas antes al Estado, y esto provoca la airada reacción de los titulares de colecciones privadas. Las comunidades indígenas, por su parte, también reclaman el patrimonio sobre los objetos de arte precolombinos y protestan por el nulo tratamiento que les otorga la ley; su texto, sostienen, "ni siquiera nos nombra, y por lo tanto no nos considera como una cultura viva", en palabras de Luis Pincén, representante de los "pampas".

Se supone que una legislación nacional sobre patrimonio arqueológico y paleontológico tiene por objetivo preservar los espacios privilegiados en los que se conserva inscripta la historia de una cultura, quizás a la espera de ser revelada. Es por eso que la normativa ahora vigente establece que los coleccionistas no pueden vender sus piezas sin antes ofrecerlas al Estado. Si el Estado no pudiera comprar los materiales, dice la ley, el coleccionista podría comercializarlos con otro particular, pero siempre en el marco de las fronteras nacionales. El fundamento de esta normativa es que la apropiación de todo lo que se encuentre en los sitios arqueológicos, así como el saqueo de piezas, documentos, fósiles u objetos de arte, destruye la herencia cultural no sólo en el sentido de su propiedad.

El año pasado, mientras duraron los combates en Irak, esta misma cuestión se planteó de manera acuciante y trágica en Bagdad. Entonces, los intelectuales de todo el mundo se pusieron en estado de alerta y organizaron una campaña internacional de rescate ante la desaparición de miles de piezas de arte asirio, babilónico y sumerio que en gran medida, se calcula, fueron a engrosar el próspero mercado del tráfico ilegal. En ese momento, la historiadora del arte Laura Malosetti Costa señalaba en Clarín: "Cuando se sustrae una estatuilla, una vasija o una tableta de escritura de su contexto, ese objeto se transforma en un adorno mudo; el saqueo daña de modo irrecuperable la memoria histórica que esos objetos portan en sus coordenadas de espacio-tiempo y en relación con otros objetos y testimonios porque gracias a ellos se escribe y transmite la historia".

Pero ¿la ley debería apuntar entonces contra la existencia misma de coleccionistas privados, poniéndolos bajo sospecha? El periodista puertorriqueño Héctor Feliciano, autor de El museo desaparecido, una investigación sobre la apropiación de piezas de arte de colecciones privadas judías por parte de los nazis, asegura que ésa no es la estrategia apropiada. "Cada Estado tiene mucho que decir para definir y proteger el patrimonio nacional, pero mi experiencia me ha demostrado que no se debe dejar de incentivar a los coleccionistas. Ellos cumplen una función que a veces puede ser nociva pero en muchas ocasiones es constructiva y útil. El Estado no debe darles entera latitud ni dejarles vía libre para cualquier maniobra que ponga en peligro al patrimonio, pero ellos son piezas fundamentales del patrimonio, también. Hace cien años, cuando nuestros Estados no tenían conciencia del valor patrimonial de ciertos objetos ni les prestaban atención, fueron algunos hombres singulares, coleccionistas ilustrados, quienes preservaron ciertas piezas y concientizaron sobre su valía a la opinión pública".

Nota extraída de Diario Clarín www.clarin.com

 
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